Aunque nadie da por hecho aún, -estamos a primeros de mayo de 2020-, que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 esté definitivamente superada, ahora se inicia la fase 1 de lo que se ha denominado la desescalada para una buena parte de la población.
Con muchas incertidumbres sin despejar todavía y un panorama ciertamente sombrío, el sector del deporte está ya abordando la reapertura y puesta en funcionamiento de los centros deportivos públicos y privados. Y tratando de ver cómo recupera los niveles de práctica deportiva (recaptación) de la población, la cual ha sufrido un verdadero descalabro ocasionado por el confinamiento, a pesar del deporte en casa y de haber convertido, con mucha o poca fortuna, los salones en improvisados gimnasios.
Es sabido que el deporte constituye y funciona como un sistema. Este sistema deportivo está constituido por dos pilares principales: el subsector público y el subsector privado. Como quiera que el ámbito privado del deporte (Clubes, Federaciones, Ligas profesionales, Comité Olímpico y Paraolímpico, etc.) tiene vida propia y aunque dependiente de una u otra manera de la parte pública, encontrará sus respuestas, centraremos esta reflexión en el ámbito público del deporte y más concretamente en los servicios deportivos municipales, prestados de forma directa o indirecta.
Lo primero que debemos volver a destacar es que el desarrollo del deporte ha sido liderado por los municipios con la colaboración de otras administraciones territoriales y de la estatal. Y esto parece que seguirá siendo así, incluso incrementado el papel central de los ayuntamientos, tanto en cuanto son la administración más cercana a la ciudadanía.
El modelo de gestión del deporte que se ha implantado en los municipios españoles ha basado su desarrollo en la construcción de instalaciones, en la gestión directa, -en la mayoría de los casos, mediante organismos autónomos-, en la diversificación de la oferta deportiva y en la calidad de esta, con unos precios de venta muy por debajo de sus costes directos, esto es, en permanente promoción.
Visto con perspectiva, su funcionamiento ha sido un modelo de éxito: se ha generalizado y extendido por toda la geografía, ha adquirido un considerable volumen en número de practicantes y usuarios, presupuestos invertidos, empleos generados y, sobre todo, por la cantidad las instalaciones deportivas puestas al servicio del sistema. “Los ayuntamientos han asumido la labor esencial en la gestión del deporte: iniciar, fidelizar y satisfacer un derecho, el derecho a practicar y a presenciar el deporte” en palabras del Dr. Luis Solar.
Ha sido un éxito labrado durante las últimas cuatro décadas ya que ha conseguido activar a más de la mitad de la población y, además, ha hecho posible la generación de un conglomerado de empresas o industria de servicios deportivos, en el amplio sentido, en las que se ha apoyado y sin las cuales las administraciones públicas no pueden, de ninguna manera razonable, prestar los servicios deportivos. Y tampoco esas empresas sin el apoyo de los ayuntamientos tienen viabilidad futura posible.
Este modelo ya mostró algunas de sus debilidades más importantes con la crisis financiera de 2008. A la superación de aquella crisis contribuyó, en nuestra opinión, la utilización de la colaboración público-privada a través de la concesión administrativa para la provisión y prestación de los servicios públicos deportivos, y, en menor medida y en paralelo, por la aparición del fenómeno low cost y las boutiques gyms, y otros modelos, que también han absorbido parte de la demanda y satisfecho necesidades deportivas de algunos segmentos de la población. Sin embargo, venimos apuntando en esta última década la necesidad de revisar el modelo imperante, de la necesidad de recrearlo (del lat. recre?re: crear o producir una cosa a partir de otra ya existente), para manteniendo sus virtudes, que las tiene, corregir sus debilidades y sus síntomas de obsolescencia para una mejor adecuación a un entorno que cambia muy acelerada.
Ahora nos enfrentamos a una inevitable crisis sanitaria, social y, sobre todo, económica de una gravedad sin precedentes: la mayor recesión de los últimos 150 años, según el FMI. Pues lo primero que se ha puesto de manifiesto es la debilidad de los sistemas de protección social básicas, como la sanidad pública y la atención a grupos sensibles y muy dependientes. Por poner unos ejemplos: la atención de las personas mayores es manifiestamente mejorable y el desempleo en los jóvenes es alarmante y precario. Y todo apunta a que volverán a ser los principales paganos de esta nueva crisis económica; las relaciones laborales que presiden el desarrollo de tareas que se han demostrado básicas y de primera necesidad durante la alarma, son muy precarias y con salarios muy bajos. Baste decir que algunos convenios han tenido que revisarse al alza obligados por la decisión del gobierno de actualizar el salario mínimo interprofesional, entre ellos el que regula el sector de las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque estaban más bajos, claro.
Una consecuencia de este panorama podría ser que la minoración de los recursos disponibles por las familias, por las administraciones y por las empresas, con carácter general, se prioricen más decididamente a satisfacer las necesidades básicas e importantes de las personas y reducir aquellas otras superfluas propias de una sociedad consumista y despilfarradora.
En este entorno deberemos identificar las oportunidades que tiene el deporte, este producto tan maravilloso, para ocupar el sitio que le corresponde y recrear el modelo del deporte municipal que lo gestione. Si ya se venía apuntando, ahora podemos confirmarlo: estamos ante un cambio de época, también en el deporte municipal y exige acelerar los cambios que ya se barruntaban. La situación crítica propiciará como imprescindible la revisión de los modelos de gestión existentes para, con el aprendizaje y la experiencia adquirida, mejorar todo aquello que sea posible evitando los errores y hábitos que se han instalado en este tiempo, y descargar lastres.
Si entendemos por deporte cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles, como así se expresa en la Carta europea del deporte de 1992, la recreación del modelo de deporte municipal debería girar en torno a las siguientes reflexiones.
Lo primero es reorientar la misión del modelo en esa dirección: contribuir al objeto del deporte, que más claramente que nunca es la mejora de la condición física y psíquica y el desarrollo de las relaciones sociales, esto es, el mantenimiento y la mejora de la salud integral de las personas. Es una evidencia constatada científicamente que ha sido reiterada en estas largas semanas de confinamiento causadas por la COVID-19 y en los planes de desescalada para volver a la nueva normalidad: la importancia que ha tenido el movimiento, la actividad física, el ejercicio para todas las personas, de absolutamente todas las edades. Abusando de las enseñanzas del profesor Solar, el movimiento es la vida.
Hoy la práctica deportiva es una necesidad fisiológica (y psicológica) de las personas. En este sentido, la necesidad de movimiento se sitúa en la base de la pirámide de las necesidades humanas que a mediados del siglo XX formulara A. Maslow, donde están las necesidades primarias. También para algunos individuos, opcionalmente, el deporte responderá a otras necesidades como son la estima o la autorrealización.
Sería preciso que el modelo recreado de deporte municipal, de acuerdo con ese estatus reforzado de las funciones sociales y para la salud que ha sido confirmado en este periodo de confinamiento, comprenda el deporte en todo su valor, como una auténtica cuestión de Estado, y, por ello, la práctica deportiva de la población se incluya como una de las tareas prioritarias de las políticas públicas de todas las administraciones en todos sus niveles: locales, regionales, nacionales y europeos. El deporte, la práctica deportiva de la población en todas sus formas, es parte activa de la solución e indispensable para superar la crisis sanitaria, social y económica ocasionada por el COVID-19.

El valor reforzado del deporte exige nuevos abordajes: más atractivos para las personas que aún son inactivas, escalables que permitan la universalización, más eficientes desde el coste beneficio y sostenibles social, económica y medioambientalmente. Para ello será necesario diseñar cambios importantes en las formas de gestión: la estructura de la administración pública que gestiona el deporte y sus instalaciones, tal como la conocemos, necesariamente debe ser aligerada, ya que no resulta eficiente ni sostenible. La función técnica directiva, la opinión experta, en muchas ocasiones, se ha devaluado en detrimento de un mayor protagonismo del nivel político. El modelo organizativo es obsoleto y no da respuesta adecuada a la irrupción de las tecnologías de la comunicación y las redes sociales, al crecimiento de la oferta virtual u on line y al creciente deporte out door, a la digitalización de los procedimientos, etc. La supuesta agilidad que justificó en su origen los Organismos Autónomos, en forma de Institutos y Patronatos, ha perdido mucho del sentido original que justificó su creación en los años ochenta. Con frecuencia se producen duplicidades y ralentización en algunos aspectos de los procedimientos, la gestión económica y la administrativa. La opción puede ser su disolución e integración en los propios ayuntamientos, como ya se viene haciendo. Entonces, la forma de gestión indirecta será una oportunidad que deberá analizarse con rigor objetivo y decidir sin prejuicios ideológicos.
El coste del deporte representa aproximadamente un 3.5% de los recursos ordinarios anuales de los ayuntamientos españoles, y aunque creciera, parece asumible si se tiene en consideración el valor transversal del deporte antes señalado y que es una competencia municipal propia. Hay muchas más dudas, dudas razonables, en cuanto si esta sociedad podría soportar los costes socio sanitarios de una población mayoritariamente inactiva y, en consecuencia, potencialmente enferma, entre otras causas, por la falta de ejercicio físico suficiente. En este sentido reiteramos que el deporte vale más de lo que cuesta ya que indudablemente contribuye de manera positiva al desarrollo de las personas y de las sociedades.
Porque la sociedad ha evolucionado y el deporte practicado de hoy, y más el de mañana, es y será muy distinto y debe enfrentar con mayor flexibilidad el nuevo reto: la universalización del deporte y la lucha contra el sedentarismo de una manera sostenible. Los operadores privados seguirán siendo, y en mayor medida aún, cooperadores necesarios, -mejor diríamos imprescindibles-, para los municipios y para la prestación suficiente y adecuada de sus servicios deportivos. Y si hay que ayudarles a supervivir durante un tiempo, pues habrá que encontrar las formas de hacerlo.
También creemos que el modelo recreado deberá estar basado en el aumento de la responsabilidad de la ciudadanía, del comportamiento de cada persona en el ejercicio de sus deberes primero y de sus derechos, después.
Una última reflexión que engloba y da sentido a las anteriores. Se necesita una nueva gobernanza del deporte para un mundo nuevo y distinto. La gobernanza, como bien saben, tiene como objetivo el desarrollo social y económico ético, duradero y equilibrado entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Para alcanzar dicho equilibrio será preciso desarrollar mecanismos de interrelación, participación y cooperación entre los agentes o stokeholders del sistema deportivo y aumentar los niveles de transparencia, de consenso, de equidad, de eficiencia y de sostenibilidad. Para superar el desafío que el deporte tiene por delante será necesaria mucha interrelación, mucha ética y mucha responsabilidad. En concreto, se precisa mejorar la elaboración de los pliegos de condiciones para la colaboración público-privada, los procedimientos de adjudicación y los mecanismos de control y supervisión de los contratos de servicios, de manera especial los que tengan un largo plazo de vigencia. Sólo así se podrá acreditar su eficiencia en el cumplimiento preciso de las obligaciones y compromisos a favor del bien común y el interés general, y, por ende, a su sostenible generalización.

Boni Teruelo, director de IMD del ayuntamiento de Santurtzi, Bizkaia y socio-fundador de KAIT y de FAGDE.

José Luis Berbel, jefe de servicios deportivos del IME del ayuntamiento de Palma, Baleares, ex – presidente de AGEPIB y ex – vicepresidente de FAGDE.