El fútbol español que disfrutamos en los albores del siglo XXI, ya cuando estamos avanzando para culminar su primer cuarto, ha tenido dos etapas bien diferenciadas: una muy al principio donde los problemas internos, la regulación y en bastantes momentos el intento de abuso de su propia fuerza social, generó una animadversión y mala imagen pública, que estuvo al borde de ocasionar  una catarsis casi irreversible; y otra posterior donde las nuevas estructuras, el rigor empresarial y la profesionalización de la gestión, han colocado a nuestra Liga en la cúspide del fútbol mundial.

Sin embargo, los agentes responsables de aquellas situaciones, especialmente la patronal de clubes, LaLiga, “se pusieron las pilas” como vulgarmente se dice, e iniciaron el proyecto del cambio integral, estableciendo un nuevo camino que nos llevara a lo que hoy es una flagrante realidad, como ha sido adquirir el carácter de industria, en toda la extensión de su palabra. Atrás quedaron los tiempos del amiguismo, las prebendas de los grandes, el favoritismo interesado, etc.

Hoy tanto la Liga Santander como la Liga SmartBank se desarrollan dentro de los más estrictos métodos de equilibrio: absolutas garantías deportivas, procesos de igualdad competicional y una transparencia absoluta, debidamente reguladas por un compendio de normas modernas y actualizadas, (estatutos, reglamentos, cumplimiento normativo, normas de control económico, Código de Buen Gobierno, Registro de Transparencia, etc.), que han merecido el plácet unánime de todos los clubes que componen LaLiga. Dentro de ello y desde mi opinión personal, dos aspectos singulares que se deben destacar por su trascendente influencia son, por una parte, el establecimiento del Control Económico a priori, y por otra la entrada en vigor del R.D. 05/2015 sobre la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de la Competición de fútbol profesional.

Sin embargo, estamos observando cómo en los últimos años se vienen produciendo una serie de factores y circunstancias muy adversas que están ocasionando un perjuicio grave a lo que ha sido hasta ahora la evolución competitiva y transparente del fútbol español. En la mayoría de los casos, estas decisiones conllevan un agravio comparativo muy importante con el comportamiento de las restantes 4 ligas top europeas: Premier League, Bundesliga, Serie A y La Ligue 1, que sí continúan beneficiándose de todas estas circunstancias, y ahora lo harán aún más, al recibir la parte alícuota de la inversión de las operadoras de apuestas que van a cesar en España; citando como ejemplo:

1. La modificación del régimen fiscal de los impatriados aprobada en España en 2005, que beneficiaba a profesionales altamente cualificados tales como ingenieros, científicos, investigadores, expertos, etc., entre los que se incluían a los futbolistas de alta competición, en 2014 sufrió una modificación donde curiosamente sólo se excluye a los deportistas profesionales, dejando vigente el resto del contenido de la Ley.
2. La repercusión del incremento del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, aunque es una norma de carácter general, por las características económicas de la competición profesional, ha tenido un efecto regresivo especial en las economías de los futbolistas y clubes, en comparación con los países centroeuropeos, donde se mantiene un nivel más equilibrado, no sufre tanta variación tan frecuente y atraen a las auténticas estrellas internacionales, en detrimento de nuestra Liga.
3. El denominado Pacto de Viana que, si bien hasta ahora ha sido el único triunfo político-deportivo de la actual Presidenta del C.S.D., anunciándolo a bombo y platillo con frases tan grandilocuentes: “en el Pacto de Viana todos ganan”, “no existen vencedores ni vencidos”. Lo que sí es evidente es que, si bien se destinan más fondos para potenciar el fútbol aficionado, también se destinan en favor del máximo organismo deportivo grandes cantidades procedentes del fútbol. El único perdedor ha sido el fútbol en general, que ha visto reducidos sus recursos en una cuantía superior a 50 M€ al año, cuando de todos es sabido que la obligación constitucional del Estado, contemplada en su capítulo Tercero de nuestra Carta Magna “De los principios rectores de la Política Social y Económica” es contemplar en sus P.G.E., las aportaciones públicas suficientes de acuerdo con el alto nivel de nuestras federaciones y deportistas. Por otra parte, confiemos que la fundación por constituir “España Deporte Global” desempeñe su cometido de forma seria y eficiente, y no se convierta en un chiringuito más de la administración pública.
4. El inevitable y sorprendente COVID-19, cuyos devastadores efectos están ocasionando múltiples perjuicios, el principal por supuesto el sanitario, y los consecuentes importantes daños deportivos y gravísimos deterioros económicos, ya que su efecto ha conllevado la paralización de las competiciones, su reinicio sin público, la necesidad de devolver a los socios y abonados el precio equivalente a los partidos no presenciados físicamente, la pérdida de valor de los patrocinadores y la U televisiva. Y como valor más trascendente, la cuantía de los contratos de venta de derechos audiovisuales.
5. El anuncio del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del borrador del próximo Real Decreto Ley de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, donde en sus 5 apartados del artículo 12, establece con una rotundidad y radicalidad, entiendo que excesiva, toda una variedad de nuevas condiciones tendentes a la supresión absoluta de los recursos publicitarios que repercuten muy directamente en los clubes deportivos y en especial en el fútbol. Es más, tras una lectura sosegada la redacción literal del grueso del mencionado artículo, da la sensación de estar redactado expresa y exclusivamente para impedir su divulgación y visibilidad en el fútbol español, llegando incluso al extremo de pretender prohibir la comercialización de los denominados “naming rights” de las instalaciones deportivas, recurso este muy desarrollado en todo el deporte mundial.

No obstante, dicho borrador tendrá que recorrer un largo camino político, primero en el                     Congreso de los Diputados, como también disponer de las preceptivas autorizaciones del                     Consejo de Estado, donde no tendrá excesivos problemas para obtener su autorización, y                     finalmente de la comisión correspondiente de la Unión Europea.

Aun conscientes de la necesidad de introducir ciertas mejoras en la regulación de las                           operadoras de apuestas on-line, instauradas en nuestro país en 2011, sin embargo, da la                       impresión de que no se ha preocupado la autoridad ministerial de verificar cómo funcionan y             están reguladas este tipo de actividades en países tan avanzados como Inglaterra, cuna de las             apuestas desde el siglo XVIII. O en otros países desarrollados tales como EEUU o Canadá,                 pioneros en las apuestas on-line ya en el siglo pasado. Pues da la impresión que no. Lo que                 ahora se pretende es suprimir las recurrentes vías de financiación del fútbol, también                           ampliado al resto de las actividades deportivas en nuestro país, provocando una pérdida                     considerable de patrocinios, así como otros tipos de ingresos atípicos por la explotación de                 varios de sus activos.

Consecuentemente, con esta variedad y continuada gama de graves decisiones casi todas de repercusión económica, demuestran que la industria del fútbol, que al día de hoy supone un 1,37 % del P.I.B. español, generando unos 190.000 empleos directos, se ha convertido en un mirlo blanco de las propias administraciones públicas, que no han dudado en promulgar diferentes tipos de providencias para reducir de manera trascendente los recursos propios que genera nuestro fútbol. Todo ello sin tener en cuenta el importante impacto recaudatorio que están soportando los clubes en la actualidad, que alcanza una cifra próxima a 4.500 M€, en conceptos de I.V.A., I.R.P.F., impuestos especiales, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social.

En definitiva, la situación actual en que se encuentra el fútbol profesional español, del que tanto presumimos y nos enorgullecemos por sus constantes éxitos a nivel internacional, es de una sensación casi de ser víctimas de que todas medidas que se adoptan en su entorno, lo son últimamente en contra de sus intereses, para reducir los recursos propios que su desarrollo y explotación genera y en definitiva frenar su crecimiento, por lo que cabe preguntarse, ¿por qué todos contra el fútbol?

Quizás sea como habitualmente sucede en nuestro país, aquella máxima de que todo lo que funciona hay que modificarlo para terminar destruyéndolo, confiando finalicen de una vez tantas tropelías, con la esperanza de que impere el sentido común y se imponga la responsabilidad necesaria, para evitar que se continúen produciendo decisiones de esta naturaleza, que tanto perjudican y deterioran al progreso de nuestro fútbol.

Juan J. Melero                                                                                 

Consultor Responsable de Fútbol

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